NEUQUÉN (ED). — Hace apenas unos pocos días, la Justicia neuquina dictó la prisión domiciliaria contra una mapuche de 26 años, acusada de asesinar a su pareja, que se llamaba José Segundo Bernardino Catricura y tenía 24 años. Los fiscales dieron por acreditado que la mujer prendió fuego la casa con el hombre adentro y, aun así, la mandaron para una vivienda. El homicidio lo perpetró en un paraje cercano a San Martín de los Andes.
Algunos medios hablaron de violencia doméstica, pero se desconoce si había denuncias previas. Lo que en cambio dieron por acreditado es que el 10 de febrero último, entre las 8.30 y 9, la mujer incendió la vivienda que compartía con su pareja.
“Esa mañana, luego de compartir una reunión con otras personas de la comunidad mapuche a la que pertenecen, se dirigieron hacia la vivienda. En el trayecto ambos discutieron. Cuando arribaron a la vivienda, la imputada se dirigió a un galpón cercano a la casa, tomó un bidón con nafta y roció la vivienda por fuera y por dentro. En ese momento, la víctima ingresó a la casa, tomó a la imputada de los brazos y la empujó hacia el exterior. La mujer prendió un fósforo y lo arrojó a la puerta, provocando el incendio que se propagó inmediatamente”, informaron textualmente desde el Ministerio Público Fiscal.
A raíz de la rápida combustión, de la precaria vivienda de maderas y chapas, se produjo una explosión y Catricura quedó atrapado en el interior. Si bien logró salir por una puerta trasera, sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, fue trasladado al hospital local y murió a las pocas horas.
Ahora, en una audiencia de formulación de cargos realizada el viernes, la fiscal del caso Inés Gerez junto al asistente letrado Hernán Scordo acusaron a una mujer, a la que la Justicia identificó por sus iniciales (B.E.C.) y le endilgaron el delito de homicidio doblemente agravado.
Como medida cautelar la fiscal requirió que la imputada quede detenida en prisión domiciliaria por cuatro meses, a los fines de resguardar el proceso penal. Además requirió la prohibición de todo tipo de contacto y/o comunicación con testigos del caso y con familiares de la víctima.
“La medida es indispensable para evitar que la imputada influya a los testigos”, aseguró Gerez. El juez de garantías Pablo Balderrama dio por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Además, el magistrado dispuso la prisión domiciliaria para la acusada y la prohibición de acercamiento y perturbación con la familia de la víctima.
